INTRODUCCIÓN.

¿Por qué esto me impacta?

 

Si vive en uno de los 50 estados o en Washington, DC, es posible que algunos ricos de su comunidad se están mudando a Puerto Rico para aprovechar lagunas fiscales extraordinarias, donde pueden evadir no solo la mayoría de los impuestos estadounidenses, sino también los impuestos puertorriqueños. Cuando los ricos trasladan su residencia a paraísos fiscales, privan a su gobierno estatal y local de los ingresos fiscales necesarios para sus servicios públicos. Irónicamente, el territorio estadounidense de Puerto Rico, que está en quiebra, también está siendo privado de servicios esenciales bajo este esquema. Si usted es un boricua* en la diáspora y tiene seres queridos en la isla, es probable que vivan en comunidades donde muchos están siendo desplazados por gente de afuera que no paga su parte justa.

 

¿Qué está pasando y quién tiene la culpa?

 

Los extranjeros ricos, en su mayoría inversionistas en criptomonedas de los EE.UU., se están mudando a Puerto Rico y están provocando el desplazamiento de los puertorriqueños debido a lagunas fiscales que no están disponibles para los estadounidenses en ningún otro lugar del planeta. Una laguna en particular, la Ley 22 de PR, solo está disponible para personas no locales, osea, no para los puertorriqueños de la isla. Es posible que haya visto a la comunidad cripto abogando por mudarse a Puerto Rico para obtener exenciones de impuestos a través de personas influyentes conocidas como Logan Paul. Los locales han expresado su indignación con su promoción insensible, llamándolos "cripto-colonizadores".

 

¿Cómo se ve el cambio?

 

Nuestro objetivo es derogar la ley puertorriqueña que invita a los estadounidenses a mudarse a la isla y pagar cero impuestos federales estadounidenses sobre ingresos y casi cero impuestos puertorriqueños. La eliminación de esta ley puede ocurrir si el Congreso decide no permitir que los estadounidenses que se mudan a la isla sigan evitando pagar impuestos federales, o si la legislatura puertorriqueña aprueba una ley que revoque la Ley 22 (ahora parte de la Ley 60).

 

Antecedentes de la Crisis de Desplazamiento..

 

Puerto Rico sufre una crisis económica desde 2006 que, junto a una serie de desastres naturales de proporciones épicas, han destruido la infraestructura de la isla y provocado una migración masiva. Más de 400,000 puertorriqueños han abandonado la isla. Además, la falta de empleo, la precariedad vivienda asequible, el aumento del costo de vida y la dificultad del día a día por la crisis energética, han hecho la vida normal casi imposible.

 

La Causa.

 

En 2012, se promulgó la Ley 22 para atraer inversionistas a Puerto Rico, aclamada como una forma de revitalizar la isla en medio de múltiples crisis. Sin embargo, ha tenido el efecto contrario, provocando una crisis de desplazamiento. La Ley 22 le permite a cualquier persona que no haya vivido en Puerto Rico desde 2006 a 2012 a mudarse a la isla y pagar CERO impuestos estadounidenses y casi CERO impuestos puertorriqueños. Esta medida tuvo la intención de excluir a la mayoría de los puertorriqueños del alivio contributivo. Solo tienen que vivir allí parte del año y comprar una residencia, entre otros requisitos menores. Esto ha atraído a millonarios y multimillonarios que buscan evadir impuestos. El resultado: alquileres por las nubes y valores de propiedad que hacen imposible que muchos boricuas vivan en su propia isla-nación. Y Puerto Rico corre el riesgo de perder su identidad y cultura ante personas de afuera sin conexión con la isla.

 

OTROS FACTORES

 

Status Colonial.

 

Puerto Rico es un territorio estadounidense que tiene algo parecido a un gobierno estatal con una cultura socioeconómica latinoamericana. Los puertorriqueños no pagan impuestos federales sobre ingreso, obtienen fondos federales reducidos para el cuidado de la salud y cupones para alimentos, entre otros, y no votan por el presidente ni miembros del Congreso que aprueban las leyes que los afectan. Puerto Rico ha sido básicamente una colonia durante 500 años, los últimos 126 años bajo la bandera estadounidense. La autonomía limitada que ganó Puerto Rico con su constitución del Estado Libre Asociado se borró en 2016 con la junta de control fiscal no electa que puede vetar las leyes promulgadas por los funcionarios elegidos democráticamente de la isla. Esencialmente, hay poca o ninguna democracia en Puerto Rico. Los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos por nacimiento. La isla tiene su propio equipo olímpico nacional y compite bajo su propia bandera en otros eventos deportivos y culturales internacionales. El español es el idioma dominante en esta isla caribeña. Pero Puerto Rico no tiene voz sobre su existencia política o económica.

 

Huracán María..

 

En septiembre de 2017, dos enormes huracanes devastaron la isla. Primero, el huracán Irma causó $1,800 millones en daños. Unos días después, el huracán María azotó y dejó más de 4,000 muertos, y la isla se apagó durante más de un año, el apagón más largo en la historia de los Estados Unidos. Donald Trump arrojó rollos de papel toalla e insultó a los puertorriqueños mientras retenía la ayuda y restringía los fondos para la reconstrucción. La mayor parte de la reconstrucción aún no ha comenzado, cinco años y medio después de las tormentas.

 

La Caída de el Gobernador Rosselló.

 

Lamentablemente, Trump no fue el único culpable de la crisis posterior al huracán. El Gobernador de Puerto Rico y su administración también hicieron política con la ayuda y manejaron mal la situación. Los puertorriqueños se indignaron y salieron a las calles. En el verano de 2019, 1 de cada 3 residentes de la isla protestaron hasta que el gobernador Ricardo “Ricky” Rosselló renunció. Dos funcionarios de su gabinete fueron arrestados por el FBI por corrupción. El fuego que encendió el movimiento vino de un chat privado de Telegram que reveló cómo Rosselló y su equipo insultaron a los opositores políticos, a las víctimas del huracán María e incluso manipularon a los reporteros para difundir información falsa. Por primera y única vez en la historia de Puerto Rico, el pueblo se levantó y obligó al gobernador a renunciar.

 

Junta de Control Fiscal.

 

En 2016, Puerto Rico se estaba quedando sin dinero para pagar $72 mil millones en deudas. La Constitución de Puerto Rico dice que a ciertos tenedores de bonos se les pagaría primero si alguna vez ocurriera una situación como esta. El Congreso no solo eliminó gradualmente los incentivos contributivos que crearon la mayoría de los empleos de la isla; también eliminó los poderes de quiebra de la isla en la década de 1980. Esto dejó a Puerto Rico entre los fondos de cobertura, o “hedge funds” en inglés, que querían vaciar el tesoro de PR y un Congreso republicano que no estaba dispuesto a ayudar.

 

En lugar de auditar la deuda, ayudar a Puerto Rico a pagar a sus acreedores o comprar deuda de PR como lo hizo la Reserva Federal con Wall Street después del desplome de 2008, el Congreso y el presidente Obama aprobaron una ley que impone una Junta no electa, similar a las Juntas de Control Fiscal de Washington, DC y la ciudad de Nueva York, y permitir la reestructuración de parte de la deuda. Esa ley se llama PROMESA.

 

La austeridad impuesta por esta junta no electa ha causado un daño severo a las familias trabajadoras. La naturaleza antidemocrática de la junta, nombrada por el Presidente y el Congreso, también ha hecho que el status de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos sea mucho más evidente en los ojos de la gente. La junta tiene el poder de anular cualquier ley aprobada por los líderes democráticamente elegidos de la isla sobre temas fiscales y financieros. Hasta han impuesto su propia versión del presupuesto sin el consentimiento de esos líderes electos. Esto es colonialismo crudo.

 

Crisis Económica.

 

En 1996, el Congreso eliminó las exenciones contributivas que creaban empleos manufactureros bien pagos. La Sección 936 del Código de Rentas Internas fue responsable de 300,000 empleos, ingresos significativos que se mantuvieron en los bancos puertorriqueños y de estimular un mayor desarrollo económico. Su eliminación gradual, completada en 2006, inició la crisis migratoria, con cientos de miles de puertorriqueños abandonando la isla como resultado. La caída en la economía hizo que la isla se endeudara en exceso para compensar por la pérdida de ingresos.

 

Los bonos puertorriqueños están exentos de impuestos triplemente y estaban en manos de inversionistas institucionales y fondos de pensiones en todos los Estados Unidos antes de la ley PROMESA. Muchos expertos creen que la ley se aprobó para proteger el sistema financiero de EE.UU. de una crisis de deuda que podría haber golpeado el mercado de bonos municipales de EE.UU. Por eso en 2016, lejos de pretender ayudar a la isla, el Congreso actuó para ayudar a Wall Street. Políticamente, esto puso a Puerto Rico nuevamente bajo el control directo del Congreso de los Estados Unidos.

 

LUMA.

 

Después de que el huracán María destruyera la red eléctrica de la isla, Puerto Rico aprobó una ley en 2019 para privatizar el manejo de la red eléctrica de la isla. La corrupción y los conflictos de intereses llevaron a que se adjudicara el contrato a LUMA Energy, un consorcio estadounidense-canadiense. Desde que LUMA se hizo cargo de la red eléctrica de Puerto Rico, los apagones son constantes y duran mucho más. Las propias estadísticas del gobierno muestran que el pésimo servicio es menos confiable ahora que nunca. Además de fallarle a los consumidores, su presidente, Wayne Stensby, fue declarado en desacato al tribunal y se emitió una orden de arresto contra él por no compartir información pública solicitada bajo citación de la Legislatura. LUMA es responsable de administrar $13 mil millones en fondos de reconstrucción de la red eléctrica pagos por los contribuyentes estadounidenses. ¿Continuará LUMA llenándose los bolsillos o ayudará a Puerto Rico a convertirse en un modelo de energía resiliente y renovable?

 

Washington Tiene el Poder Para Arreglar Esto.

 

La ley federal PROMESA aprobada en 2016 otorgó al Congreso el poder de anular todas las decisiones legislativas tomadas por los líderes electos de la isla en relación con asuntos fiscales y financieros. El Congreso también tiene el poder de supervisar el contrato de LUMA y quitarle los fondos federales de reconstrucción a LUMA y devolverlos a las comunidades locales que pueden gastarlos mejor.

 

Por lo tanto, el Congreso tiene la última palabra en decidir quién se sale con la suya sin pagar impuestos federales en Puerto Rico. ¿Y adivina qué? La ley estadounidense, que supuestamente estaba destinada a ayudar a los puertorriqueños, en realidad solo está ayudando a los ricos de afuera a evadir impuestos. Peor aún, está elevando el costo de la vida y haciendo que el país sea inhabitable para los puertorriqueños. El Congreso necesita cerrar esta laguna de inmediato, o de lo contrario los puertorriqueños corren el riesgo de perder a Puerto Rico.

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